lunes, 31 de agosto de 2009

Ruido y trasiego

Me dirán que el calor aprieta, y tendrán razón, pero el sol ya no azota rabioso. Las tardes deliciosamente eternas de junio quedan lejos ya. Todo será, en breve, ruido y trasiego. Dilapido las últimas tardes del asueto estival en paseos frente al mar. La Manga del Mar Menor conserva mucho de su belleza a pesar del empeño destructor que, durante tantos años, ha supuesto aquí la urbanización descontrolada. Cómo no conservarla: azules aguas abrazadas por arena blanca y fina. Que se vaya al Caribe el que quiera.

La aplicación de la Ley de Costas (de 1988) está suponiendo aquí también serios problemas. Como sabrán, la situación es compleja. En la zona de "dominio público" queda prohibida toda propiedad privada (ésta es el mar, la arena o los guijarros, el lugar que alcancen las olas en las peores tormentas conocidas, etc.). ¿Qué sucede con aquéllos que poseen una vivienda en este dominio público? Si la propiedad es legal y fue construída antes de 1988, se puede optar a una concesión de hasta 60 años. Si no, puede ser demolida ya mismo. No se puede vender ni dejar en herencia (a menos que los hijos vivan en la casa en el momento del fallecimiento de los padres). Si el Estado decide demoler antes de 60 años - cosa que puede hacer por "interés público" - , pagará el coste de la vivienda, pero no del terreno. Eso sí, esta gente continúa pagando religiosamente su hipoteca.

Además, tras la zona de dominio público se establecen 100 metros de zona protegida, donde sólo se respetarán las propiedades construídas en terreno que ya en 1988 fuera terreno urbanizable. (Y, aún así, debe haber 20 metros como mínimo desde el deslinde). En fin, si desean más información, visiten el blog de la plataforma que agrupa a los afectados.

Por un lado, resulta intolerable que existan viviendas que impidan pasear junto al mar a los demás ciudadanos, es más, que ni tan siquiera permitan ver el mar desde el paseo; por otro, comprendo perfectamente que los afectados hablen de inseguridad jurídica y de expropiación forzosa.

Miro, desde el paseo, a los últimos veraneantes; se desplazan por la arena, toalla al cuello, cada cierto tiempo, huyendo de la sombra que la torre de enfrente proyecta sobre ellos. Se trata, probablemente, de su último baño de sol, como se trata, lastimosamente, de mi último paseo frente al mar.
(Foto: Mía de ayer mismo)

3 comentarios:

  1. Es una pena lo que cuentas.
    Además hay que señalar que la ley del suelo de 1998, con gobierno de Aznar, dejó manos libres a las Autonomías para que hicieran de su capa un sayo, abusando de la construcción masiva y descontrolada, aparte de propiciar el germen de la crisis del ladrillo actual.
    Saludos.

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  2. Hay quien dice que con un par de ciudades más como Benidorm la situación de las costas españolas hoy en día sería mejor, no sé yo ...
    El mar tiene algo especial, apesar de ser de secano no puedo vivir sin él.

    El objetivo no es la maratón de Dresde y el 18 de octubre no cambio de decada, era solo casualidad de fechas y lugares

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  3. Benidorm, a mí personalmente, me gusta. Más que Zarauz, por ejemplo. La distancia entre los edificios es amplia y el casco antiguo mantiene su encanto. No sé si estoy de acuerdo con una afirmación tan rotunda como la que señala Álex, pero el hecho es que la construcción hacia arriba respetando la línea de costa ha resultado ser un acierto. Las ciudades que han crecido a lo ancho (urbanización "mancha de aceite", junto a Benidorm, p. ej., Calpe) tienen unos problemas inmensos de seguridad, recogida de basuras, distancia a clínicas, etc.
    El problema del urbanismo en España lo han generado los ayuntamientos, peperos, sociatas, nacionalista y hasta de IU. Ninguno pudo renunciar a ese inmenso pastel. Como algunos dicen, se puso la zorra a cuidar los corderos. Claro que son el patito feo de la financiación del Estado.
    A mí, como digo en el post, me parece correcto que nos vayamos deshaciendo de las construcciones en la línea de costa, pero sí que da la impresión de que se trata de una ley con efectos retroactivos, y eso supone la destrucción de un pilar del Estado de Derecho.

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